SOBRE L'EXCELENCIA EDUCATIVA
JORDI SÁNCHEZ 11/12/2006
Hoy en Cataluña el servicio público educativo tiene dos retos principales: la igualdad social y la calidad. Ésta es una de las principales conclusiones que se pueden desprender al poner en perspectiva comparada algunos de los resultados de nuestro sistema educativo con los equivalentes de los sistemas educativos de países de nuestro entorno. En algunos de ellos se demuestra que calidad e igualdad pueden ir de la mano y darse con mayor intensidad que en Cataluña se vienen dando. Es decir, no se neutralizan entre ellos (lo que uno gana no lo pierde el otro) y en estas cuestiones hay modelos educativos más eficaces que el nuestro. No es la nuestra una situación desastrosa, pero sí objetivamente mejorable a raíz de los datos de que disponemos sobre nuestra realidad y también de la que otros han alcanzado.
La educación pública debe establecer garantías de que no habrá escollos económicos, argucias legales, discriminación religiosa o dificultades en el acceso por el ideario del centro
Si nos comparamos con los otros países de la OCDE, podemos observar que en igualdad y calidad no estamos lejos de la media de todos ellos. Ni nuestra realidad educativa es la más socialmente injusta, ni la que peor resultados ofrece en calidad. Todo esto es cierto. Pero, sin caer en falsos derrotismos, tampoco nuestro escenario educativo alcanza una situación como para lanzar mensajes de optimismo. En educación, como en tantas otras cosas, no somos referentes de nada ni de nadie, y esto no es buena señal. La nuestra es una discreta posición de mediocridad donde hay un gran margen para mejorar. Este margen es el que nos debe incentivar a recorrer el trayecto que separa la discreta mediocridad de ser una potencial referencia.
Alguien podría darse por satisfecho simplemente por el hecho de no ocupar ninguna plaza entre los países que están a la cola. No ser de lo peorcito no puede ser nunca un consuelo, a no ser que se tenga una desconfianza absoluta en las potencialidades y aptitudes de uno mismo. El objetivo que debemos perseguir como nación es que Cataluña ocupe los máximos niveles de igualdad y calidad. No se trata de evitar estar entre el grupo de cierre de las estadísticas oficiales, simplemente porque estar en el pelotón de los torpes no es bonito. No, no debemos tener una visión competitiva con nadie más que con nosotros mismos. Mejorar nuestra propia realidad en nada perjudica a terceros. Tanto la calidad educativa como la igualdad no son resultados de suma cero en el intercambio permanente que la globalización nos impone a diario con buena parte de otros países. Pero lo que sí debemos tener muy claro es que no mejorar la nota en los índices que nos informan sobre la calidad de la educación es perder posiciones y expectativas de éxito como país en el mercado global. No mejorar nota en los índices que nos informan sobre la igualdad social en nuestro sistema educativo es poner en la picota los cimientos de la cohesión en nuestro país, empezando por el de la movilidad social. Y todo ello será bien visible en los años venideros si no se pone remedio ahora.
Se están empezando a oír voces que reclaman de nuestro sistema educativo la excelencia. Es éste un buen concepto al que el propio consejero Maragall ha dedicado algunas de sus primeras palabras tras acceder al cargo. Pero seamos prudentes. La excelencia sólo es socialmente beneficiosa si se da en un contexto de máxima calidad, donde la adquisicion de la misma no sea patrimonio de unos pocos y donde el sistema educativo no sea tampoco un territorio hostil a la práctica de la igualdad social. Para alcanzar la excelencia, hay que cumplir antes con otros requisitos, por ejemplo el de incrementar notablemente el porcentaje de nuestra población de entre 20 y 24 años que ha finalizado la enseñanza secundaria obligatoria. En esta cuestión, detrás de nosotros, por la cola, sólo tenemos el resto de España, Portugal y Malta. Éste es uno de los múltiples ejemplos posibles que ilustran que la excelencia, entendida como una cualidad colectiva más que como una posición individual de unas pocas decenas o escasos centenares de personas, pasa ante todo por impulsar políticas de calidad educativa y de igualdad social a lo largo de la escolarización.
Hay que empezar desde el inicio de la escolarización y también desde lo que es nuclear y neurálgico del sistema educativo. Dos ejemplos nos ilustran. El primero nos lleva a la afirmación de que la exigencia de plazas para niños de hasta tres años no es sólo una medida que busque favorecer la incorporación de las madres al mercado laboral, sino también una apuesta para reducir el impacto negativo que la pertenencia a determinados grupos sociales tiene en los resultados educativos. Es decir, es una apuesta que debería permitir incrementar los resultados académicos (calidad) y disminuir el peso de las desigualdades sociales en la escuela. Los datos de que hoy disponemos así lo corroboran. La escolarización de cero a tres años es mucho mayor en las clases pudientes y el éxito escolar se correlaciona positivamente con aquellos que han sido escolarizados en ese periodo. El segundo ejemplo nos sitúa en la necesaria reducción de la dualización social que el sistema educativo catalán viene desarrollando en los últimos años, patentizada en la confrontación de resultados y realidades entre la escuela pública y la concertada.
La definición del servicio público educativo es un paso muy importante en la dirección correcta, pero ahora hay que desarrollarlo de acuerdo con las directrices del Pacto Nacional para la Educación. Hay que avanzar hacia una confluencia de derechos -también financieros- y de obligaciones, en el sentido de la no exclusión de ningun alumno por ninguna razón en ningún centro sostenido con dinero público. El servicio público educativo debe establecer garantías suficientes para los centros en materia de financiación, pero también garantías suficientes a los padres de que no se van a encontrar ningun escollo económico, argucia legal, discriminación por motivos de creencias religiosas propias o dificultades en el acceso por el ideario del centro. El servicio público educativo es la única oportunidad razonable que permite contar con la aportación del 99% de los centros educativos existentes en el país para corregir tendencias observadas en los últimos años que nos alejan del principio de igualdad de oportunidades, sin el cual la cohesión social en el futuro corre peligro. Y sin cohesión social, la excelencia pierde todo el sentido.
Hoy en Cataluña el servicio público educativo tiene dos retos principales: la igualdad social y la calidad. Ésta es una de las principales conclusiones que se pueden desprender al poner en perspectiva comparada algunos de los resultados de nuestro sistema educativo con los equivalentes de los sistemas educativos de países de nuestro entorno. En algunos de ellos se demuestra que calidad e igualdad pueden ir de la mano y darse con mayor intensidad que en Cataluña se vienen dando. Es decir, no se neutralizan entre ellos (lo que uno gana no lo pierde el otro) y en estas cuestiones hay modelos educativos más eficaces que el nuestro. No es la nuestra una situación desastrosa, pero sí objetivamente mejorable a raíz de los datos de que disponemos sobre nuestra realidad y también de la que otros han alcanzado.
La educación pública debe establecer garantías de que no habrá escollos económicos, argucias legales, discriminación religiosa o dificultades en el acceso por el ideario del centro
Si nos comparamos con los otros países de la OCDE, podemos observar que en igualdad y calidad no estamos lejos de la media de todos ellos. Ni nuestra realidad educativa es la más socialmente injusta, ni la que peor resultados ofrece en calidad. Todo esto es cierto. Pero, sin caer en falsos derrotismos, tampoco nuestro escenario educativo alcanza una situación como para lanzar mensajes de optimismo. En educación, como en tantas otras cosas, no somos referentes de nada ni de nadie, y esto no es buena señal. La nuestra es una discreta posición de mediocridad donde hay un gran margen para mejorar. Este margen es el que nos debe incentivar a recorrer el trayecto que separa la discreta mediocridad de ser una potencial referencia.
Alguien podría darse por satisfecho simplemente por el hecho de no ocupar ninguna plaza entre los países que están a la cola. No ser de lo peorcito no puede ser nunca un consuelo, a no ser que se tenga una desconfianza absoluta en las potencialidades y aptitudes de uno mismo. El objetivo que debemos perseguir como nación es que Cataluña ocupe los máximos niveles de igualdad y calidad. No se trata de evitar estar entre el grupo de cierre de las estadísticas oficiales, simplemente porque estar en el pelotón de los torpes no es bonito. No, no debemos tener una visión competitiva con nadie más que con nosotros mismos. Mejorar nuestra propia realidad en nada perjudica a terceros. Tanto la calidad educativa como la igualdad no son resultados de suma cero en el intercambio permanente que la globalización nos impone a diario con buena parte de otros países. Pero lo que sí debemos tener muy claro es que no mejorar la nota en los índices que nos informan sobre la calidad de la educación es perder posiciones y expectativas de éxito como país en el mercado global. No mejorar nota en los índices que nos informan sobre la igualdad social en nuestro sistema educativo es poner en la picota los cimientos de la cohesión en nuestro país, empezando por el de la movilidad social. Y todo ello será bien visible en los años venideros si no se pone remedio ahora.
Se están empezando a oír voces que reclaman de nuestro sistema educativo la excelencia. Es éste un buen concepto al que el propio consejero Maragall ha dedicado algunas de sus primeras palabras tras acceder al cargo. Pero seamos prudentes. La excelencia sólo es socialmente beneficiosa si se da en un contexto de máxima calidad, donde la adquisicion de la misma no sea patrimonio de unos pocos y donde el sistema educativo no sea tampoco un territorio hostil a la práctica de la igualdad social. Para alcanzar la excelencia, hay que cumplir antes con otros requisitos, por ejemplo el de incrementar notablemente el porcentaje de nuestra población de entre 20 y 24 años que ha finalizado la enseñanza secundaria obligatoria. En esta cuestión, detrás de nosotros, por la cola, sólo tenemos el resto de España, Portugal y Malta. Éste es uno de los múltiples ejemplos posibles que ilustran que la excelencia, entendida como una cualidad colectiva más que como una posición individual de unas pocas decenas o escasos centenares de personas, pasa ante todo por impulsar políticas de calidad educativa y de igualdad social a lo largo de la escolarización.
Hay que empezar desde el inicio de la escolarización y también desde lo que es nuclear y neurálgico del sistema educativo. Dos ejemplos nos ilustran. El primero nos lleva a la afirmación de que la exigencia de plazas para niños de hasta tres años no es sólo una medida que busque favorecer la incorporación de las madres al mercado laboral, sino también una apuesta para reducir el impacto negativo que la pertenencia a determinados grupos sociales tiene en los resultados educativos. Es decir, es una apuesta que debería permitir incrementar los resultados académicos (calidad) y disminuir el peso de las desigualdades sociales en la escuela. Los datos de que hoy disponemos así lo corroboran. La escolarización de cero a tres años es mucho mayor en las clases pudientes y el éxito escolar se correlaciona positivamente con aquellos que han sido escolarizados en ese periodo. El segundo ejemplo nos sitúa en la necesaria reducción de la dualización social que el sistema educativo catalán viene desarrollando en los últimos años, patentizada en la confrontación de resultados y realidades entre la escuela pública y la concertada.
La definición del servicio público educativo es un paso muy importante en la dirección correcta, pero ahora hay que desarrollarlo de acuerdo con las directrices del Pacto Nacional para la Educación. Hay que avanzar hacia una confluencia de derechos -también financieros- y de obligaciones, en el sentido de la no exclusión de ningun alumno por ninguna razón en ningún centro sostenido con dinero público. El servicio público educativo debe establecer garantías suficientes para los centros en materia de financiación, pero también garantías suficientes a los padres de que no se van a encontrar ningun escollo económico, argucia legal, discriminación por motivos de creencias religiosas propias o dificultades en el acceso por el ideario del centro. El servicio público educativo es la única oportunidad razonable que permite contar con la aportación del 99% de los centros educativos existentes en el país para corregir tendencias observadas en los últimos años que nos alejan del principio de igualdad de oportunidades, sin el cual la cohesión social en el futuro corre peligro. Y sin cohesión social, la excelencia pierde todo el sentido.
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